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POR HABER DISPUESTO PARTICIPACIÓN DE PERSONAL NO PREPARADO PARA TAREAS DE DEMOLICION

 

Alcalde y funcionarios serán denunciados penalmente por muerte de servidor municipal

 

El trágico desenlace de un trabajador municipal muerto y otros dos heridos,  en una demolición ejecutada coactivamente, dará lugar a que el alcalde y funcionarios municipales de San Juan de Lurigancho sean denunciados penalmente por abuso de autoridad. Previamente el Ministerio Público deberá precisar los niveles de responsabilidad en la decisión de hacer que personal no preparado para el trabajo de construcción civil haya participado en una demolición, además de no contar con el equipamiento necesario.

 

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones, las municipalidades son responsables de "ordenar y ejecutar la demolición parcial o total de una obra en los casos en que exista discrepancia no subsanable con el proyecto aprobado", lo que es recogido por la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva que califica a las demoliciones como actos de ejecución forzosa.

 

El RNE establece que el ejercicio de dicha facultad debe efectuarse con personal calificado y preparado para asumir los procesos asignados de la demolición, el que deberá laborar con el denominado "equipo básico de protección", del cual forman parte, entre otros elementos, ropa de trabajo adecuada a la estación y a las labores por ejecutar (overol o camisa y pantalón o mameluco), casco de seguridad tipo jockey, zapatos de seguridad y adicionalmente, botas impermeables de jebe para trabajos en zonas húmedas, anteojos y respiradores contra el polvo, botiquín y servicio de primeros auxilios. Asimismo que "antes del inicio de la demolición se elaborará un ordenamiento y planificación de la obra, la que contará con las medidas de protección de las zonas adyacentes a la demolición" y que "los frentes de trabajo que estén sobre 1,50m del nivel del terreno natural, deberán estar rodeados de barandas y debidamente señalizados". .

 

Ni personal especializado, ni equipamiento básico de seguridad ni las medidas adicionales para el caso de paredes que como la de 2 m cayó sobre el personal municipal, constituirán los elementos que la Fiscalía deberá tener en cuenta para formalizar la denuncia penal contra el alcalde y los funcionarios de dicha comuna.

 

Este caso se diferencia a los de Mesa Redonda, discoteca Utopía y derrumbes en Gamarra, en los que aun cuando los alcaldes y los funcionarios fueron denunciados penalmente, los jueces terminaron sentenciando a los dueños de los locales involucrados en las tragedias y excluyeron a quienes tenían la responsabilidad de velar porque se cumplan las autorizaciones y permisos otorgados. En este caso, se trata de la ejecución forzosa de una demolición por una municipalidad, en la que la responsabilidad va a tener que recaer necesariamente en quienes autorizaron la participación de personal  no calificado; es decir, que cometieron abuso de autoridad, ´cuya condena conllevaría de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades a la vacancia del alcalde, y de acuerdo con la legislación sobre carrera administrativa a la destitución de los funcionarios y el impedimento de cinco años de poder retornar a la función pública.

 

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho no solamente tendrá que correr con los gastos del sepelio del difunto y del tratamiento médico de los dos lesionados, sino que deberá indemnizar a las familias involucradas. Hay que recordar que desde junio de 2008, en el proceso de homologación de nuestras normas sobre indemnizaciones con las de los Estados Unidos de América para el TLC, se estableció que todas las entidades públicas son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración. Es decir, que procede la indemnización con recursos municipales en este caso, pero que deberán ser reintegrados a la comuna por aquellas autoridades y funcionarios que con su accionar le causaron tal perjuicio al patrimonio edilicio. Así lo establece la Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

 

Marco Tulio Gutiérrez

Abogado Especialista en Derecho Municipal

Director del IPAM

 

 

 

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