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Viernes 18 de junio de 2010

 

TC: DURO GOLPE A LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

 

Declaración de inconstitucionalidad de barreras burocráticas pasará por filtro de la Defensoría del Pueblo

Hoy aparece publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en la solicitud de la Defensoría del Pueblo para que se declare la inconstitucionalidad de la modificación introducida por la Ley Nº 28996 (Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada) a la Ley del Procedimiento Administrativo General que estableció que en el caso de que el INDECOPI encontrara barreras burocráticas establecidas en las ordenanzas regionales y municipales, debiera "acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad" contra tales normas.

De acuerdo con la argumentación de la Defensoría, el mandato legal de presentación de demandas de inconstitucionalidad a pedido del INDECOPI desconoce "el carácter discrecional y de persuación inherente a su función" y porque convertirla en "una suerte de abogado de oficio o procurador del Estado" viola su autonomía constitucional.

El fallo del Tribunal Constitucional si bien declara infundada la petición de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo, sin embargo dispone la interpretación de la Ley Nº 28996 en el sentido "que la decisión final para interponer dichas acciones recae en la Defensoría del Pueblo, y que ello supone que no está obligada a actuar según los informes presentados por el INDECOPI o cualquier otro organismo regulador".

El Comentario

El TC ha propinado un duro golpe a la simplificación administrativa al dejar en manos de la Defensoría del Pueblo sí se demanda o no la inconstitucionalidad de ordenanzas regionales y municipales, en las que INDECOPI ha encontrado la existencia de barreras burocráticas a la inversión privada. Un organismo que invoca su carácter "discrecional y de persuación" en vez de la defensa firme y resuelta frente a las violaciones que pudiera cometer la Administración Pública en perjuicio de los derechos de los administrados del país, no puede tener la facultad de decidir si demanda o no la inconstitucionalidad de las barreras burocráticas.

Las municipalidades peruanas han sido señaladas en innumerables estudios, -siendo el de la Corporación Andina de Fomento el más reciente-, como las entidades más renuentes a la simplificación administrativa, pues privilegian la presentación de innumerables documentos para obtener una autorización, licencia o permiso, pese a haberse dictado en los últimos años la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley del Silencio Administrativo y la Ley de Regulación de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas. Estas barreras burocráticas son traba al desarrollo económico local al ahuyentar a la inversión en pequeña escala y afectan al desarrollo regional y nacional al desalentar la inversión mediana y grande.

La demanda de la Defensoría fue presentada en setiembre de 2008, habiéndose demorado casi dos años el TC en fallar al respecto, lo que revela la fuerte presión ejercida por presidentes regionales y alcaldes que en todos sus eventos han manifestado su rechazo a la facultad del INDECOPI de inaplicar a casos particulares las ordenanzas con barreras burocráticas, -lo que ha dado lugar a otra demanda de inconstitucionalidad esta vez de la Municipalidad de Lima aún por resolver-, así como a que sea demandada la inconstitucionalidad de tales normas legales para su consiguiente inaplicación generalizada.  A dicha presión se habría allanado el Presidente del Congreso, pues no de otra manera puede entenderse que en la parte considerativa de la sentencia, se señale que su Procurador Público, -al contestar la demanda-,  fue quien solicitó al TC que la Ley Nª 28996 sea aplicada "en el sentido de que el Defensor del Pueblo interpondrá las demandas de inconstitucionalidad cuando considere que exista mérito para ello".

Teniendo en cuenta la enorme importancia que tiene para el desarrollo del país la eliminación de las barreras burocráticas, estimo que el Congreso debe emprender de una vez por todas la modificación del  artículo 203 de la Constitución en lo referente a quienes están facultados para interponer la acción de inconstitucionalidad, incorporando como tales al INDECOPI y a los organismos reguladores contra las ordenanzas regionales y municipales que desalientan la inversión en perjuicio del desarrollo económico local y nacional.

Marco Tulio Gutiérrez

Abogado Especialista en Derecho Municipal

Director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM) 

 

Tablero de Titulares de los Materiales de Prensa del IPAM

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