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 Lunes 14 de diciembre de 2009

 

Y NINGUNA HA INSTALADO EL BANCO DE PROYECTOS PARA OBRAS

 

Solamente 9 municipalidades cumplen Ley de licencias automáticas

 

Una evaluación efectuada por el Instituto Peruano de Administración Municipal, respecto a si las 51 municipalidades de Lima y Callao cumplieron o no con adecuar sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos a  las disposiciones contenidas en la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, revela que solamente nueve de ellas han establecido el procedimiento de otorgamiento automático de licencias de construcción.

 

Se trata de las municipalidades provinciales de Lima y Callao, así como las de Huachipa, La Molina, La Victoria, Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago de Surco. Las seis distritales mencionadas, cuentan, además, con ratificación de los derechos de trámite por la Municipalidad Metropolitana, lo que hace legal la exigencia de cobro de los mismos.

 

La Ley 29090 entró en vigencia el 28 de setiembre de 2008, debiendo las municipalidades del país haber adecuado sus TUPA en un plazo que venció el 11 de noviembre de dicho año, reemplazando los procedimientos establecidos por la derogada Ley 27157. Sin embargo, en el caso de Lima y Callao,  corriendo un plazo de adeucación , Los derechos de trámite de estas siete municipalidades

al cum estudio elaboradio oy aparece publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la sentencia del Tribunal Constitucional que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, por el Colegio de Arquitectos del Perú.

 

Según la sentencia, a la demanda se adhirieron posteriormente el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y el Cuerpo General de Bomberos, lo que fue rechazado por el TC al no haber aportado tales instituciones elementos adicionales a los ya esgrimidos por el gremio de arquitectos.

 

La inconstitucionalidad alegada por el Colegio de Arquitectos tenía dos fundamentos: que se había modificado la Ley Orgánica de Municipalidades sin el voto aprobatorio de la mitad más uno del número legal de congresistas; es decir, con el voto de 61 y no por los 56 congresistas que votaron a favor de la Ley 29090; y, que al consagrar diversas modalidades de otorgamiento automático de licencias de construcción afectaba las competencias de las municipalidades en materia de desarrollo urbano.

 

Para el TC, la Ley N° 29090 por ser una norma de procedimiento no requería el voto de un mínimo de 61 congresistas, pues no se trató de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en lo que respecta a las licencias automáticas, consideró que la inseguridad por las mismas no se derivaba de su otorgamiento o no, al resaltar que los accidentes en obras de construcción se han producido antes de la Ley y con posterioridad a la misma, no pudiendo atribuirse la inseguridad por si misma a la Ley 29090, recomendando más bien al Congreso que debata y apruebe normas que refuercen las responsabilidades administrativas, civiles y penales por los malos procesos constructivos.

 

EL COMENTARIO

 

"l fallo del TC pone punto final a los cuestionamientos esgrimidos por los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros respecto a la presunta inconstitucionalidad de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, que han venido esgrimiendo desde setiembre del 2007 en que fue dictada esta ley.

 

En lo primero, el TC lo que ha hecho es reiterar el carácter unitario del Estado, pues aun cuando reconoce que hay competencia compartida en estos asuntos entre el gobierno nacional y las municipalidades, sin embargo señala que "en caso de duda, existe una presunción de competencia a favor del gobierno nacional", lo que le permite a este dictar el procedimiento para otorgar las licencias. Es una posición correcta la del TC, pues en términos prácticos, sería un absurdo que cada una de las 1,834 municipalidades tuviera que dictar reglamentos propios para una actividad similar en todo el territorio del país.

 

En lo segundo, el TC ha establecido que no es la norma sino la realidad la que crea situaciones de seguridad en las construcciones. Este criterio será determinante en la promulgación de la ley o en su insistencia por el Congreso, de las modificaciones introducidas hace un mes a la Ley 29090, y que  también han sido cuestionadas por los gremios de arquitectos e ingenieros, quienes abogan por la desaparición de las licencias automáticas y la revisión de todo proyecto de construcción por las comisiones municipales que ellos integran.

 

Cabe recordar que según la Ley 29090 todo proyecto vinculado a una licencia automática debe ser presentado con planos y firmas de arquitectos e ingenieros, y que toda obra, sea con o sin licencia automática, tiene que ser supervisada en tres ocasiones por los fiscalizadores municipales. La única manera de entender la posición de los colegios de arquitectos y de ingenieros, es su voluntad de mantener un sistema de calificación previa que beneficia solamente a un grupo de sus afiliados que integran las comisiones municipales, y que ha conducido a que el 70% de las construcciones del país sean informales." 

 

 

Marco Tulio Gutiérrez

Abogado Especialista en Derecho Municipal

Director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM)

 

Instituto Peruano de Administración Municipal:  997-294-600   /  Teléfono  01 - 348-8680   Fax  01 - 348-8640