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 Martes 22 de setiembre de 2009

 

EL CASO DEL MINISTRO ES MAS ÉTICO QUE LEGAL

 

Allison no podrá volver a Alcaldía, pues ya fue vacado

 

De acuerdo con la Ley Marco del Empleo Público el elegido en votación directa y universal es un funcionario público, al que le alcanzan los derechos y obligaciones de todo aquel que se encuentra al servicio del Estado. Por consiguiente está obligado a prestar los servicios inherentes a su cargo de forma exclusiva durante la jornada de trabajo, la que de acuerdo con nuestra Carta Magna no puede exceder de cuarenta y ocho horas semanales.

 

La Ley no ha establecido limitaciones al ejercicio particular de sus profesiones u ocupaciones al Presidente de la República, Presidentes Regionales y Alcaldes, fuera de la jornada de trabajo. Sin embargo, la complejidad de los problemas del país, de una región o de una localidad, demandan la dedicación exclusiva de sus autoridades, las que son elegidas en el entendido  de que dedicarán todo su tiempo a afrontarlos.

 

Por otro lado, la notoriedad que da el ejercicio del cargo, si es llevada al ejercicio particular de las profesiones u ocupaciones, se convierte en desleal competencia a quienes no disfrutan de tales ubicaciones en el aparato del Estado, lo que tampoco es moralmente aceptable. Respecto a esto último, hay que recordar la reacción no solamente popular, sino desde el Congreso de la República, cuando fue de conocimiento público en el 2002 que la esposa del Presidente Alejandro Toledo tenía un contrato de consultoría de US$ 10,000 mensuales con el Banco Wiese. Mauricio Mulder, entonces presidente de la Comisón de Fiscalización pretendió sin éxito que ese grupo de trabajo investigara la relación Karp-Banco Wiese. Similar rechazo se produjo en el 2003 al conocerse la consultoría por US$ 48,000 con la Corporación Andina de Fomento. Y ella no había sido elegida por el voto ciudadano, pero se entendió que en la celebración de ambos contratos había predominado la imagen del desempeño del honorífico cargo de Primera Dama, en desmedro de las innegables calificaciones profesionales de la señora Elianne Karp.

 

Inclusive en el caso de los congresistas, a quienes la Constitución les permite expresamente poder dedicarse a labores privadas fuera de las horas de funcionamiento del Congreso, siempre fue motivo de censura que se permitiera que Oscar Medelius compartiera el ejercicio de su función congresal con la de Notario Público, pues no es aceptable por la opinión pública que el ejercicio del cargo sea utilizado para obtener beneficios particulares adicionales a la remuneración que se percibe.

 

En cuanto a que si podía cobrar o no por una consultoría mientras ejercía el cargo de alcaldes, el caso del Ministro Allison es más ético que legal, pues debió dedicar todo el tiempo posible a sus labores edilicias en la Municipalidad de Magdalena del Mar, a menos que muestre alguna prueba de que en su campaña electoral para alcalde, le dijo a sus potenciales electorales que de ser elegido como tal, él trabajaría como burgomaestre solamente ocho horas diarias y que el resto del tiempo lo dedicaría a asesorar empresas.  Sin embargo, tan grave como ello, es que no haya sido leal con el Presidente García en decirle en junio del 2009, cuando lo invitó a ser ministro de estado, que había sido abogado en el 2008 de una empresa denunciada por actividad ilícitas desde enero de este año. A estas alturas, su único camino honorable es renunciar al cargo de ministro, no pudiendo retornar al de alcalde de Magdalena del Mar, pues ya el 28 de agosto pasado el Concejo Municipal lo vacó de dicho cargo.

 

Marco Tulio Gutiérrez

Abogado Especialista en Derecho Municipal

Director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM)

 

Instituto Peruano de Administración Municipal:  997-294-600   /  Teléfono  01 - 348-8680   Fax  01 - 348-8640