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 Lunes 21 de setiembre de 2009

 

POR ORDENANZA QUE SUSPENDE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN AV. SALAVERRY

 

Alcalde y 9 regidores de Jesús María podrán ser denunciados penalmente

 

Una decisión inconstitucional es la conclusión del análisis legal efectuado por el Instituto Peruano de Administración Municipal respecto a la Ordenanza N° 321 de la Municipalidad de Jesús María, por medio de la cual suspende por los próximos dos años, las licencias de obra y de funcionamiento en la zona catastral 9, que incluye un terreno de 29 mil metros cuadrados cuya propiedad pertenece a la Marina de Guerra del Perú y donde, según dicha comuna, se pretende edificar un centro comercial.

 

Una decisión similar de la Municipalidad de La Molina, de suspender la admisión y atención de solicitudes de licencias de obra y de licencias de funcionamiento, dio lugar a que el Tribunal Constitucional en sentencia publicada en El Peruano del 5 de diciembre de 2007, calificara como inconstitucionales las ordenanzas 105 y 122 emitidas por dicha comuna, y que dispusiera su expulsión del ordenamiento jurídico por violar la libertad y seguridad personales, al señalar que ninguna ley faculta a las municipalidades a suspender trámites de licencias que se otorgan por mandato de normas nacionales.

 

En efecto, las licencias de construcción y de funcionamiento son otorgadas por las municipalidades de acuerdo a las condiciones establecidas por la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, respectivamente.  Por otro lado la Ley del Procedimiento Administrativo General no faculta a las municipalidades a que puedan suspender los trámites, pues estos deben efectuarse de acuerdo con las normas que estén vigentes.    

 

Este fallo del Tribunal Constitucional constituye un precedente que podrá ser invocado por cualquier ciudadano para denunciar penalmente al alcalde y los nueve regidores de Jesús María, pues la ordenanza constituye no solamente un atropello a la constitucionalidad sino evidentemente un caso típico de abuso de autoridad. Por otro lado, en lo que respecta a si se podrá construir o no, la Municipalidad de Jesús María está obligada a entregar las licencias de acuerdo con la zonificación asignada por la Municipalidad de Lima al terreno de la Marina de Guerra. 

 

La zonificación es un asunto técnico, que no debiera politizarse, lo que ciertamente es difícil si se tiene en cuenta que estamos en un año pre electoral. El alcalde de Jesús María argumenta que su desacuerdo con la zonificación asignada por la comuna metropolitana, con previa aprobación de la Municipalidad   de Jesús María en el 2007, es que debe preservarse la tranquilidad en la zona; es decir, la zonificación debe ser residencial y no comercial. Es discutible el argumento, pues con zonificación residencial, lo que se podrá construir serán edificios multifamiliares o conjuntos residenciales de más de diez pisos, lo que no dará más intranquilidad que la de un centro comercial que a lo más podrá tener un par de pisos y en el que la mayor parte de su área tendrá que estar dedicada a estacionamiento.

 

Es cierto que para la   Municipalidad de Jesús María es mejor negocio que la zonificación sea residencial, pues le permitirá cobrar licencias por los 25 nuevos edificios que en número mínimo podrían asentarse en el área en discusión, si es que la Marina de Guerra como propietaria del terreno lo pidiera y la Municipalidad Metropolitana lo aceptara, en vez de cobrar por una sola licencia para un centro comercial, pero también debe apreciarse de qué manera se altera la calidad de vida de quienes ya viven en la zona y para los cuales contar con un área de comercio o un área de recreación pública es más importante y necesario que la pretensión nada técnica del alcalde.

 

Marco Tulio Gutiérrez

Abogado Especialista en Derecho Municipal

Director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM)

 

Instituto Peruano de Administración Municipal:  997-294-600   /  Teléfono  01 - 348-8680   Fax  01 - 348-8640