70 mil normas municipales limeñas deben ser declaradas no vigentes en diciembre

Un total de 69,492 ordenanzas, edictos y decretos de alcaldía de las 44 municipalidades limeñas que ya no se encuentran vigentes, serán formalmente declaradas “no vigentes” por medio de relaciones que serán publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”, dando así cumplimiento a la Ley N° 29477, denominada “Ley que inicia el proceso de consolidación del espectro normativo peruano”. Las municipalidades de Lima y Santa Anita lo harán respecto a sus decretos de alcaldía a partir de la primera semana de diciembre.

Dicha Ley vigente desde octubre de 2009 estableció que “los diferentes Sectores, los Gobiernos Regionales y Locales, así como los organismos públicos, confeccionarán progresivamente los listados de las normas no vigentes de carácetr general que hubieren expedido, los que serán difundidos a través de normas igualmente de carácter general cuya expedición estuviera dentro del ámbito de sus atribuciones”. Los ministerios cumplieron en el 2013 al publicarse en noviembre de dicho año el listado de decretos supremos y resoluciones ministeriales no vigentes del período 2011 a 2013. En la esfera municipal, las municipalidades de Surco, La Perla y Jesús María declararon no vigentes las ordenanzas a noviembre de 2010, enero de 2011 y marzo de 2013, respectivamente. De las entidades constitucionalmente autónomas, la Contraloría General de la República aprobó su primer listado a setiembre de 2013.

De acuerdo con la investigación efectuada por el Instituto Peruano de Administración Municipal en la provincia de Lima,  que permitió primero su identificación y luego la evaluación de su publicación y vigencia, fueron aprobados desde 1981 a noviembre de este año 54,809 decretos de alcaldía, 1,181 edictos y 19,849 ordenanzas, lo que hace un total de 75,839 normas generales cuyo cumplimiento ha sido exigido a los vecinos de la provincia o de los distritos limeños. La identificación tuvo como fuentes las Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano” y el SPIJ-Sistema Peruano de Información Jurídica del Ministerio de Justicia.

Normas generales Producción Vigentes % No vigentes % Total
Decretos de Alcaldía 54,809 1,618 2.95 53,191 97.05 54,812
Edictos 1,181 14 1.19 1,167 98.81 1,182
Ordenanzas 19,849 4,715 23.75 15,134 76.25 19,873
Total 75,839 6,347 8.37 69,492 91.63 75,867

 Fuente: Centro de Investigaciones de IPAM/Diario El Peruano/SPIJ

 Del total antes indicado  el 92% ya no está vigente. Tales 69,492 normas  deben ser declaradas no vigentes conforme a la Ley 29477. Dejaron de existir sea porque se derogaron o porque cumplieron su finalidad temporal o particular o porque las ordenanzas, edictos y decretos de alcaldía nunca fueron publicados en el Diario Oficial “El Peruano”. Respecto a esto último, la investigación  identificó 47,529, cifra integrada por 3,168 ordenanzas, 285 edictos y 44,076 decretos de alcaldía. De acuerdo con la Constitución las normas de carácter general, -como es el caso de ordenanzas, edictos y decretos de alcaldía-, que no  se publican, simplemente no existen en el ordenamiento jurídico y el ciudadano no puede ser obligado a su cumplimiento.

La investigación comprendió la normativa de las 42 municipalidades distritales, la Metropolitana de Lima y la del Centro Poblado de Huachipa. La municipalidad con menor número de normas por declarar no vigente es la de Santa María del Mar con el 74% mientras que la más alta tasa la tiene San Juan de Miraflores con el 98%.  La Municipalidad de Surco tiene 11,020 normas no publicadas de un total producido de  12,112.

Las conclusiones de la investigación efectuada por el Centro de Investigaciones de IPAM han sido alcanzadas a todas las municipalidades limeñas. Concluído diciembre dicho centro publicará las nuevas cifras de normas generales no vigentes, luego de efectuada la depuración en cumplimiento de la Ley 29477.

Comentario

El objeto de la Ley N° 29477 es brindar seguridad jurídica a los ciudadanos; es decir, que este sepa cuáles son las normas que se encuentran realmente vigentes. Debe haber una depuración del ordenamiento legal que debe ser permanente. Dicha depuración debiera ser complementada por cada Municipalidad con la publicación electrónica de su Digesto, que es la compilación de normas vigentes. Ello permitiría al vecino conocer qué normas regulan su vida como miembro de su comunidad y adecuar su conducta a las mismas, que es la razón de ser de las ordenanzas y decretos de alcaldía. Ya no hablemos de los edictos, aun cuando algunos aún están vigentes, que fue un tipo de normas empleado para establecer la organización interior de los gobiernos locales y para la aprobación de tributos. Hoy ese tipo de normas ya no se usa, pero hay algunas que sobreviven al no haber sido reemplazadas por ordenanzas.

Es impresionante que hayan tantas normas que nunca fueron publicadas en el Diario El Peruano. Esas normas son inexistentes jurídicamente conforme al criterio que al respecto tiene el Tribunal Constitucional, contra las cuales ni siquiera procede una acción de inconstitucionalidad.  En el caso de las ordenanzas y de los edictos aprobados por los concejos municipales, los alcaldes han podido ser denunciados por omisión de funciones, pues ellos están obligados a promulgarlos y publicarlos, aun cuando no estuvieran de acuerdo con su contenido. Cabe recordar que en el caso de las leyes y ordenanzas regionales, el Presidente de la República y Gobernador, respectivamente, tienen la facultad de observarlas. Esa facultad no la tienen los alcaldes legalmente. Y podrían ser denunciados por abuso de autoridad si es que alguien hubiera sido obligado a cumplir alguna regulación contenida en una norma no publicada, sin menoscabo de demandar una indemnización por el perjuicio causado por el cumplimiento de norma inexistente.

Marco Tulio Gutiérrez

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